Hace 25 años comenzaba la batalla legal contra la petrolera transnacional. El 3 de noviembre de 1993, unas 75 personas, entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y Kichwas de Orellana y Sucumbíos, presentaron una demanda contra Texaco-Chevron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU), acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado la salud de los habitantes "debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (1964 hasta 1990)".

Hoy esa demanda representa a más de 30 mil indígenas y ha sumado organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, jóvenes, gremios y barrios, que decidieron apoyar esta demanda y convocaron a más organizaciones sociales de la región para formar una coalición que apoye y sostenga este proceso: la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT).

En Ecuador, la Justicia falló contra Chevron en 2011 y le ordenó pagar 9500 millones de dólares por los daños causados. Esta sentencia ejemplar fue utilizada también para intentar enjuiciar a la transnacional en Brasil, Argentina y Canadá, pero las Cortes en esos países han aludido que no se puede “homologar” el fallo ecuatoriano: decisiones tomadas luego de que los gobiernos recibieran presiones o sobornos (por ejemplo, ofertas de inversión), como fue el caso del yacimiento Vaca Muerta en Argentina, recordó Pablo Fajardo, abogado de UDAPT, entrevistado por Radio Mundo Real.

Una semana antes de la Asamblea de Accionistas de Chevron, la empresa consiguió dos fallos favorables a sus apelaciones en los tribunales de Ontario (Toronto) y Gibraltar.

Para cumplir con el fallo de 2011, “se obliga (a la parte demandante) a recurrir a distintos Estados donde existen inversiones económicas de Chevron para poder validar nuestra sentencia y ejecutarla también. Elegimos Brasil, Argentina y Canadá”, contó Fajardo. Ese último país es donde más se había avanzado judicialmente, pero el tribunal de Apelaciones de Toronto falló a favor de la petrolera. “Es una forma de mitigar, ante sus accionistas, la presión que estamos ejerciendo en todo el mundo”, consideró el abogado de UDAPT.

“El gran obstáculo que tenemos quienes defendemos el medio ambiente, la tierra, las comunidades indígenas y campesinas, es la estructura jurídica que construyen las transnacionales, que quedan representadas en distintas empresas subsidiarias o ’holding’ para ocultarse y evadir su responsabilidad”, consideró Fajardo.

"Durante la audiencia del 23 de mayo, los afectados representados por su abogado canadiense Alan Lenczner, presentaron pruebas de que Chevron Canada, pertenece a y depende económicamente de Chevron Corp. Para ello, entregaron las declaraciones de patrimonio que presenta anualmente la matriz en Estados Unidos, en la que asume la propiedad sobre todas sus subsidiarias, entre las que se encuentra Chevron Canada. También se presentaron documentos que comprueban que las adquisiciones realizadas por ésta última son bajo aprobación de la matriz; y aquellos que determinan Chevron Canada intermedia en inversiones de la empresa en otros países, como Nigeria e Indonesia. Además, develaron la existencia de siete niveles de subsidiarias, bajo las cuales la multinacional pretende esconder sus capitales y evadir cualquier responsabilidad judicial", informaron desde UDAPT.

El defensor sostuvo que estas decisiones judiciales son consecuencia de “estrategias de sobornos” que transnacionales como Chevron utilizan en distintos países donde están afincados, como ocurrió en Argentina cuando se levantó el embargo al yacimiento en Vaca Muerta -habitado por el pueblo mapuche- logrado en 2012, luego de que la compañía ofreciera invertir allí a cambio de que la Corte Suprema de Justicia desestime la demanda presentada por Ecuador.

“Por eso buscamos fortalecer la aprobación de un tratado vinculante para que las corporaciones no sigan evadiendo sus responsabilidades”, ya que en la situación actual las comunidades afectadas “quedan en completa orfandad en su búsqueda de justicia”.

Mientras tanto, la Unión de Afectados por Texaco espera la dilatada decisión de la Corte Constitucional ecuatoriana que debe resolver la Acción Extraordinaria de Protección planteada por Chevron Corporation, que está en trámite desde el año 2014. “Chevron ha aprovechado la inexistencia de una sentencia hasta ahora para sobornar al gobierno ecuatoriano -dijo Fajardo-. Ofrecen invertir dinero, a cambio de que el gobierno incida en la decisión de la Corte Constitucional a favor de la empresa”. El 22 de mayo, la Corte Constitucional realizó una audiencia entre las partes y desde la UDAPT esperan un fallo definitivo sobre el caso Chevron en las próximas dos o tres semanas, con expectativas de que vuelva a ser favorable para la parte denunciante.