Forst manifestó su preocupación por la falta de protección que padecen las y los defensores de derechos humanos, en un país donde el Ejército ha incrementado su presupuesto en un 161 por ciento entre 2006 y 2016, es la institución a cargo de gestionar el sistema penitenciario y ha creado el cuerpo de Policía Militar para cumplir funciones de seguridad ciudadana.

Como parte de los encuentros que mantuvo el relator de Naciones Unidas, el 4 de mayo se celebró en Tegucigalpa el evento público “Protección a personas defensoras de los derechos humanos: alcances y desafíos”, donde Forst manifestó su preocupación por la desprotección que existe en este sentido.

Entre los asistentes al evento estuvo el Dr. Juan Almendárez, médico de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos de grupos campesinos, quien subrayó que actualmente en Honduras se vive un “Estado policial y militar”.

“Este pueblo sufre hambre, miseria, desempleo y quien luche por sus derechos hoy es considerado un enemigo del Estado hondureño” dijo ante el auditorio. Sostuvo que la protección de quienes defienden cuerpos, vidas, territorios, “no puede ser post facto, ni post mortem”, con muestras de solidaridad internacional que llegan tarde, cuando el daño ya está hecho, sino acompañando palmo a palmo las movilizaciones populares.

Almendárez también adviritió que no se puede seguir priorizando a los derechos civiles y políticos por sobre el resto de los derechos humanos, sino trabajar desde la interseccionalidad por la defensa de los derechos sociales y culturales.

Por último, el médico agradeció el trabajo que María Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), realiza a nivel nacional e internacional.

Pazo ha denunciado, a través de informes recientes, las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis post-electoral hondureña y de la militarización del país, a través del relevamiento de las respuestas que ha dado el Estado -actualmente encabezado por Juan Orlando Hernández- “ante la protesta social que se originó a partir de un proceso electoral que mostró una cantidad muy preocupante de irregularidades”, dijo la comisionada.

Desde la OACNUDH confirmaron que se violaron los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza policial y militar, constatando violencia estatal: “En particular, la declaración del estado de excepción en el país (el 1 de diciembre 2017) presentó una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y los estándares internacionales. Esta situación generó más impactos graves en los derechos de las y los ciudadanos. Al menos 23 personas resultaron muertas durante las manifestaciones, 16 de ellas a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, detalló Pazo.

“Aquí no solo han gaseado a la gente de manera sistemática, sino que han tirado a matar. A varios les han disparado en la cabeza”, añadió la comisionada.

Sólo entre 2015 y 2017 fueron asesinados 27 defensores ambientalistas en Honduras.