Hugo Albeiro tenía de 47 años y una familia compuesta por su mujer y 12 hijos. En el ataque perpetrado en Puerto Valdivia también murió Domar Egidio Zapata George, de 23 años, sobrino de Hugo.

La familia George vive en la vereda Filadelfia del municipio Ituango. Han sido afectados de innumerables maneras por la construcción de la represa Hidroituango: las autoridades no le reconocen la posesión de su finca, que han habitado ancestralmente, y de la cual dependen más de 50 personas; han sufrido daños a los cultivos, pérdida de animales y de árboles maderables y frutales, causados principalmente por la construcción de la vía entre Puerto Valdivia y la presa. Además, los integrantes de la familia son víctimas del conflicto armado, sobrevivientes de las olas de violencia del corregimiento de El Aro.

El asesinato de Hugo Albeiro se da en el contexto de una movilización social iniciada el miércoles 2 de mayo por las comunidades de Puerto Valdivia preocupadas por una posible avalancha como consecuencia de la obstrucción del túnel de desviación de las aguas arriba del río Cauca; además de que este “taponamiento” ha producido que se seque el río aguas abajo, fracturando el ecosistema natural.

La obstrucción o “taponamiento” se da por la gran cantidad de material vegetal talado arrastrado por el río y no recolectado aguas arriba por Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueña del proyecto Hidroituango, al que se le suman los reiterados desprendimientos de tierra de las laderas del Cañón y del interior de los túneles.

Diana Giraldo, integrante del Movimiento Ríos Vivos, contó a Radio Mundo Real cómo sucedió el crimen de George en una cafetería en Puerto Valdivia. Esta zona es parte de un corredor estratégico que comunica al norte de Antioquia con el bajo Cauca, donde confluyen varios grupos armados ilegales y la fuerza pública, ya que es parte del circuito de comercialización de coca en Colombia.

Por estas horas no se sabe todavía quién cometió el asesinato. Giraldo remarcó que viven en un clima de impunidad ante estos crímenes, sumado a la persecución y hostigamiento a los defensores de las comunidades, que tienen inclusive sus teléfonos intervenidos. Hay un plan de protección colectivo, diseñado entre las organizaciones sociales y el Ministerio del Interior de Colombia, pero no se ha materializado, en parte por el “poco interés de la Alcaldía de Valdivia para atender estas situaciones”, dijo la activista. Durante 2017, un/a defensor/a ambiental, indígena o social fue asesinado cada dos días en Colombia. Este año no parece cambiar esta realidad.

El temor de las comunidades aledañas a Hidroituango crece al escuchar posibles explosiones que la empresa usa para superar la situación, además del “llenado prioritario de la presa” que quieren implementar para evacuar el agua, con los riesgos que esto implica.

Giraldo denunció que Ríos Vivos “no ha recibido respuesta de las instituciones de atención al riesgo, ni respuestas rápidas y efectivas de quienes deben controlar el proyecto, como la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)”, por lo que los defensores ambientales se han hecho cargo de advertir a los pobladores sobre los riesgos -tanto de inundación, como de desprendimientos de la tierra- que pueden padecer en las próximas horas.

El Movimiento Ríos Vivos exige:
 Se investigue con toda rigurosidad el asesinato y se haga justicia con los perpetradores intelectuales y materiales del crimen.
 Se brinden garantías de seguridad para la familia y los demás integrantes del Movimiento durante las honras fúnebres que se realizará en Puerto Valdivia.
 Se IMPLEMENTE con carácter URGENTE el Plan de Prevención y Protección colectivo del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
 Se investigue y sancione a los responsables de los impactos que hoy sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca.
 Se atiendan a cada una de las familias afectadas con carácter URGENTE tanto aguas arriba como aguas abajo.