El 26 de abril la empresa finlandesa UPM-Kymmene Corporation, dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera, anunció que cuenta con la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) de Uruguay para localizar la nueva planta de celulosa a cinco kilómetros de Pueblo Centenario, aguas arriba de la represa de Baygorria, en el departamento de Durazno -centro del país-.

Aunque restan una serie de autorizaciones ambientales e inversiones del gobierno (en trazado de ferrocarriles, construcción de muelles y carreteras, abastecimiento de energía), la empresa ya adelantó que esta nueva planta tendrá “eventuales” impactos ambientales y que adoptaría medidas para “mitigarlos”.

Un dato alarmante es que UPM evalúa utilizar pozos de agua subterránea para abastecerse, afectando directamente la cuenca del Río Negro: “un río estratégico desde la matriz energética, que ya tiene un grado de contaminación muy alta, con concetraciones de fósforo que exceden en tres veces los niveles permitidos”, señaló Ortiz.

Para la ecologista, esta tercera planta implica la “expansión y consolidación del modelo forestal celulósico” al forestar un ecosistema de pradera con monocultivos de madera para celulosa. La primera planta de UPM se ubicó en 2007 en Fray Bentos, a la ribera del Río Uruguay. La segunda planta del país está situada en Conchillas (departamento de Colonia) y depende de Montes del Plata, una empresa forestal fundada en Uruguay en 2009, que surge de la unión de las compañías Arauco y Stora Enso, de origen chileno y suecofinlandés respectivamente. Debido a la cantidad de hectáreas que han forestado, Ortiz opinó que “UPM y Stora Enso son los nuevos terratenientes de Uruguay”.

Con fuerte preocupación por la falta de transparencia respecto a las condiciones del contrato del Estado con la empresa transnacional, REDES-AT realizó, en julio de 2017, seis pedidos de acceso a la información pública sobre el proyecto, que fueron denegados por la Presidencia de la República bajo el argumento de que esa información estaba clasificada como “confidencial y reservada”.

Ortiz recordó que la Constitución uruguaya establece que la gestión de cuencas debe contar con la participación de la sociedad civil en los procesos de planificación, gestión y control. Por eso “entendemos que aquí se ha violado la Constitución”, sostuvo la activista.