Liliam López, entrevistada por Radio Mundo Real, narró cómo fue el allanamiento ilegal que sufrió uno de sus hijos el 11 de abril, cuando dos policías ingresaron a su casa ubicada en el municipio de Marcala, departamento de La Paz (Honduras). Los oficiales vestían uniformes y chalecos antibalas que cubrían sus identificaciones personales, además de cargar armas reglamentarias.

Cuando el joven les solicitó la orden judicial, los policías dijeron que no tenían, que estaban haciendo "cateos". Luego agregaron que buscaban armas. Recorrieron toda la finca, revolviendo las pertenencias. Antes marcharse, los policías le tomaron una foto al muchacho sin pedirle permiso y se fueron caminando hacia la otra casa donde vive Liliam, a unos 20 minutos de allí, y se tomaron un moto-taxi que los llevó a la carretera pavimentada que conduce de Marcala hacia San José, no para dirigirse a una dependencia policial, sino para tomar un café.

López es coordinadora de Mujeres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta defensora de derechos humanos integra la organización desde 2012. Además es reportera de Radio Progreso.

Como parte de sus funciones acompaña a mujeres de las comunidades (integren o no el COPINH) que realizan denuncias por violencia de género, que sufren violencia física o psicológica. Además brinda talleres de formación sobre los derechos de las mujeres, y denuncia casos de discriminación.

Si bien es la primera vez que sufre un allanamiento ilegal en su casa, Liliam dijo a RMR que lo ocurrido es parte de una serie de hostigamientos que sufren quienes integran organizaciones sociales. “La dictadura quiere acaban con los movilimientos sociales que defienden al pueblo y a los recursos naturales”, señaló. También denunció que desde las últimas elecciones presidenciales fraudulentas, en las que resultó electo José Orlando Hernández, “se ha extendido la presencia de militares en las comunidades”.

De hecho, esta semana, María Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis post-electoral y exigió al gobierno a “desmilitarizar la seguridad pública”.

Desde el COPINH indicaron que “hasta este momento no ha habido respuesta efectiva sobre estos hechos por parte de los cuerpos de policía ni del mecanismo de protección”. La organización responsabiliza a la Policía Nacional y al Estado de Honduras de cualquier agresión o ataque que puedan sufrir la compañera Liliam López, así como su familia, o cualquier otro miembro del COPINH, “entendiendo que hay una franca apuesta para agredir a las organizaciones que hemos denunciado la ilegitimidad del régimen actual”.

La amenaza a López se suma incidentes graves ocurridos en las casas del compañero Sotero Chavarría y de sus hijos, también en el departamento de La Paz. Tampoco han recibido respuestas sobre otros atentados y amenazas contra Bertha Zúniga, Asunción Martínez, Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).