Así lo evidencia el fuerte debate que abrió la delimitación del páramo de Santurbán. No ha pasado una semana del fallo de la Corte Constitucional que tumba la resolución que demarcó este páramo debido a que se desconoció el derecho a la participación de las comunidades, y acto seguido se dio la avivada maniobra de la multinacional Minesa para asegurar su proyecto minero con el respaldo al gobierno nacional con 45 millones de dólares, paradójicamente destinados para el pos acuerdo. En definitiva, Juan Manuel Santos (presidente colombiano) y su ministerio de Minas y Energía no sólo desconocen la sentencia de la Corte Constitucional, sino que además pasan por encima del sentir de millones de personas que se movilizaron masivamente el pasado 6 de octubre en la Marcha por el Agua de Santurbán en Bucaramanga, y del campesinado que habita estas montañas.

En este momento presenciamos un escenario de incertidumbre frente al futuro del complejo montañoso de Santurbán, de cara al interés corporativo de Minesa para que se le otorgue la licencia ambiental del proyecto, que busca extraer nueve millones de onzas de oro en las montañas que soportan a Santurbán. De cara a esto surgen varios interrogantes: ¿será suficiente un año para definir una nueva delimitación con las exigencias de participación que planteó la Corte?, ¿qué pasará en el caso que las áreas ya intervenidas por Minesa, resultado de sus actividades exploratorias, queden dentro de lo que se defina como páramo?, ¿qué sucederá con el proceso en curso de investigación ambiental, que adelanta la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–, que vincula a la empresa Minesa como presunto infractor por las afectaciones ambientales de las actividades exploratorias desarrolladas en el marco del túnel de exploración denominado “El Gigante”?, y ¿qué tan congelado realmente estará el proceso de licenciamiento ambiental?

Frente a este borrascoso escenario, se alcanzan a visualizar tres desafíos para las comunidades y el proceso ambientalista en Santander: el primero es la cualificación para el proceso de participación, con la exigencia del cumplimiento de las condiciones que ordenó la Corte para que el proceso pueda ser “amplio, participativo, eficaz y deliberativo”. Un segundo reto tiene que ver con construir una propuesta de permanencia digna y cuidadora de la montaña andina en su integralidad, que implicará trazar rutas claras para los procesos de transformación en términos de reconversión o sustitución, que también ordenó el Alto Tribunal. Y finalmente, este nuevo escenario puede ser una oportunidad para consolidar una lucha antiextractivista en Santander.

Es importante reconocer que será una disputa compleja continuar la defensa de Santurbán. La gente en Santander esta “embejucada”, por lo cual la movilización crecerá y con ella la oportunidad de consolidar unidad entre Bucaramanga y el campesinado en la montaña, condición necesaria para lograr enfrentar el poder corporativo de Minesa en Santander; en ese sentido, será fundamental entablar un diálogo campo-ciudad que implica además replantear la visión del páramo como la “fábrica de agua”, un cambio de paradigma. Porque preocupa mucho que le juguemos al discurso de conservar fábricas de agua para la vida humana urbana, y no cuidar estos territorios en el sentido amplio y sensato de la existencia. Porque así como es vital cuidar la vida no humana en los páramos y garantizar el agua para las personas en la ciudad, es también trascendental cuidar y dignificar la vida de la gente que habita las montañas andinas.

La idea de concebir los páramos como “fábricas de agua” es una valoración utilitarista frente a estos territorios que es necesario cuestionar profundamente, dado que su importancia es subordinada a partir de las exigencias y demandas ambientales extractivas en estos territorios de montaña andina. Bajo esta racionalidad se ha desconocido históricamente el entramado vital que los pueblos en la alta montaña han construido para la reproducción de la vida, pues es el hogar de comunidades campesinas, campesindias e indígenas. Al mismo tiempo esta valoración ha provocado que las comunidades paramunas se enfrenten constantemente con la idea colonizante de ser fábricas de agua; en medio de fuertes presiones por un modelo de ruralidad que los ha llevado a degradar ambientalmente estos territorios y con ello su propia vida. De ahí que la gente paramuna cuidadora que pervive en la alta montaña en Colombia es una especie en vías de extinción, así como lo es el oso de anteojos, víctimas del desarrollo energívoro expresado en un modelo agropecuario intensivo, con infraestructura vial, energética y de la guerra.

Sin dudas hay que cuidar y salvaguardar el patrimonio cultural, natural y geológico de la alta montaña, el asunto es cómo y para quién. Porque hay un reclamo legítimo y claro en la alta montaña: exigen cuidar las aguas que más abajo serán represadas, embotelladas, privatizadas o contaminadas.