Fernández es abogado, pero de inmediato aclara que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras es un movimiento social y político que aglutina profesionales del área ambiental y jurídica, y a campesinos. Fue conformado en 2008 -previo al golpe de Estado que recibió el ex presidente Manuel Zelaya- por un grupo de fiscales que, preocupado por la corrupción en Honduras, hizo una huelga de hambre durante 38 días; la medida no obtuvo el resultado esperado, entonces crearon el movimiento, para darle un tratamiento a las denuncias y para tratar “el tema de la corrupción, como uno de los cánceres que hacen tanto daño a Honduras y al concierto de naciones”.

Radio Mundo Real conversó con Fernández durante el Seminario Internacional Transición energética para un proyecto energético popular, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 8 de octubre, con la organización del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués).

“La manera en la que nos insertamos en la defensa de bienes naturales y de pueblos originarios obedece al tema de corrupción, porque transversa absolutamente todo el proceso concesionario de ríos, bosques, minas: tiene que ver con procesos ilícitos, impuestos, inconsultos”, explicó.

En 2009, en pleno golpe de Estado, el movimiento comenzó a trabajar con el pueblo Tolupán, “uno de los pueblos originarios más masacrados en la historia de Honduras, con más de 120 líderes muertos en los últimos 20 años”, relató Fernández. Añadió que ese proceso de lucha llevó al movimiento a vincularse con otros espacios, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -que representa al pueblo lenca-, el pueblo negro hondureño, nucleado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), y con otras comunidades afectadas por el proceso de consesión de bienes naturales al gran capital.

Asesinato de Estado
Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, fue asesinada el 2 de marzo de 2016, por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, de Desarrollos Energéticos SA (DESA), sobre el río Gualcarque. Berta ya había sido amenazada de muerte previamente; desde un comienzo la comunidad le atribuyó el crimen a la empresa DESA, y esa tesis también es sostenida por el Grupo Asesor de Personas Expertas, investigadores independientes que trabajaron más de un año en la causa, y presentaron su informe el 31 de octubre.

Fernández comentó que el movimiento comenzó a trabajar con el COPINH antes de la muerte de Berta; el trabajo se centró en “la utilización de algunas herramientas técnicas y legales” porque “antes de ser asesinada, Berta fue criminalizada, fue sometida a procesos judiciales y se llevó su causa con muy buen suceso. En virtud de que los empresarios no pudieron doblegarla con sus procesos de criminalización, optaron por acabar con su vida”, aseguró. Actualmente, el movimiento representa a la madre y a las hijas de Berta. “Es un proceso bastante difícil porque quien tiene la hegemonía de la acción penal es el Ministerio Público y en Honduras decimos que hoy, después del golpe de Estado, la institucionalidad está completamente orquestada para buscar la impunidad, porque el poder desmitificar el asesinato de Berta Cáceres va a implicar encontrar responsables, no solamente a un grupo de empresarios que dirigen la política en el país o que usan como peones a los políticos, sino también a los mismos políticos y a la misma institucionalidad porque hay una complicidad marcada en el asesinato de Berta. Por eso, desde el primer momento, se maneja que es un asesinato de Estado y, más que de Estado, podríamos decir de gobierno, de un gobierno actual, que irrespeta todo el proceso legal y la instalación de un proceso de despojo a pueblos históricamente vulnerados, que han estado en los territorios, que curiosamente fueron desplazados en su momento de sus mejores terrenos”.

“Creemos que el asesinato de Berta no solamente era el simple asesinato de ella, sino el acabar con una organización como el COPINH, que trae todo un proceso de lucha, de resistencia muy marcada, con ejemplos envidiables de lucha, con procesos organizativos muy fuertes, con procesos destinados a ver no solamente su marco territorial sino el marco nacional y el marco internacional, porque Berta fue una guerrera en todos lados”, remarcó Fernández.

Si bien la Organización de los Estados Americanos (OEA) instaló en Honduras en 2016 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Fernández no cree que el organismo pueda terminar con la corrupción y la complicidad del Estado en las violaciones a derechos humanos de las comunidades. El abogado criticó que la OEA “no ha tenido mayor suceso para nuestros pueblos, porque fue cómplice, de alguna manera, del golpe de Estado en Honduras, del golpe de Estado en Paraguay, de este golpe en Brasil. Creo que ha servido muy poco, más como un espacio para guardar una cierta esperanza pero no para que se tenga el carácter con que debiera actuar un espacio de carácter internacional”, lamentó, refiriéndose a la misión. Por eso mismo, no cree que la misión pueda arrojar luz en el caso de Berta, porque “hay demasiados intereses”. Mencionó que la Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció que iba a encontar a los responsables del asesinato, “pero, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?”, se preguntó. “Si la Embajada tuviera el interés en conocer quiénes son los verdaderos autores del asesinato de Berta creo que ya lo hubiéramos podido tener al descubierto”. Eso lo llevó a reafirmar que “hay un manto de impunidad que se quiere sembrar en el caso de Berta” y que el caso podría ser hoy un referente “de cómo se tejen los hilos de la impunidad, pero también puede ser un referente de la justicia verdadera que necesitan los pueblos”. El punto es claro: “cómo desmontar todo un aparato que está proclive a garantizar y a salvaguardar los intereses de las trasnacionales y de la clase empresarial de cada uno de los países”, indicó.

Articulación nacional e internacional
El Movimiento Amplio está articulando una plataforma desde el movimiento social hondureño, vinculando a sectores de pueblos originarios con comunidades, explicó Fernández, y es interesante, además, porque une el debate de la realidad de Honduras con el contexto internacional.

El 26 de noviembre Honduras tendrá elecciones nacionales y el presidente Juan Orlando Hernández irá por la reelección en medio de un proceso que es “completamente ilegal”, afirmó Fernández. El abogado pidió a la comunidad internacional poner la mirada en el caso hondureño. Sostuvo que “Honduras fue referente para ser estudio de golpes de Estado en estos procesos aparentemente democráticos y se está perfeccionando todo un mecanismo de cómo tener el control absoluto del poder”. “Creo que estamos en un retroceso franco a esta democracia que hoy estamos viviendo, pero que necesitamos centrar mucho la mirada para ver cómo se desenvuelve este tipo de aparatos que tienen una constitución bastante perfeccionada, desde la parte mediática, desde la parte jurídica, desde la misma geopolítica. Necesitamos estrechar más las miradas, ver más finito nuestro continente, a pesar de las enormes distancias que pudiéramos tener”, concluyó.