En 1977 el gobierno brasileño construyó, sobre el río Iguaçu, la Usina de Salto Santiago y en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la privatizó; ahora pertenece a la emprea francesa ENGIE. Este es un caso paradigmático de lucha de una comunidad que fue desplazada por las aguas, y que al día de hoy sigue reclamando las indemnizaciones que nunca llegaron. Sobre todo esto, Radio Mundo Real charló, durante el 8º Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), que se realizó en Río de Janeiro a comienzos de octubre, con Helena Gonçalves Gandin, afectada por la hidroeléctrica, y con Robson Formica, que integra la Coordinación Nacional del MAB.

El abuelo de Helena llegó a la rivera del río Iguaçu en 1904, siendo un niño. Allí crió al padre de Helena, mujer de habla apaciguada que nació en 1958. Helena recuerda cuando se construyó la represa, en 1977, en plena dictadura militar brasileña. “Se hizo esta represa sin que el pueblo pudiera decir nada”, recuerda, relatando cómo les restringuían el acceso a la zona que les pertenecía. “No pagaron por la tierra, todo el mundo perdió”, lamenta. “Hoy todo el mundo es sin tierra, todo el mundo sufre la pérdida de todo: perdió la historia, quedamos sin tierra, sin un medio de sobrevivir y muchos tuvieron que irse a vivir a las favelas”, explica, nombrando los diferentes municipios en los que debieron repartirse. “Producían muy tranquilos, sin veneno, vivían en familia, en comunidad y hoy no existe más”, añora. Desaparecieron escuelas y otras se redujeron, quedando niños sin posibilidad de estudiar, y otros hacinados, así como las familias. “Allá quedamos sobreviviendo amontonados, es una vida muy triste, hasta hoy recordamos eso y no recibimos nada, no tuvieron respeto con el ser humano”, concluye.

En la lucha
Helena se vinculó primeramente al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y al Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Después del año 2000 tomó contacto con el MAB. “Comenzamos a ver qué podían hacer para ayudarnos, porque vimos que el MAB era un proyecto popular que puede mostrar los derechos que tiene la gente y cómo luchar”, cuenta, al tiempo que reafirma que busca “por lo menos un poco de justicia... si no es para nosotros, por lo menos para nuestros nietos, para mi hija”, añade. Da cuenta del drama, que se arrastra de generación en generación: “mi padre quedó sin tierra, yo soy sin tierra, mi hija es sin tierra, y mi nieto es sin tierra, es la cuarta generación de sin tierra por causa de la usina”. Cuando recuerda que muchos niños quedaron sin estudiar, y que otros pudieron hacerlo porque los padres pagaban por un servicio que antes era público, Helena apunta: “ese fue el desarrollo que nos trajo la usina”. De inmediato se pregunta: “¿qué desarrollo es ese? Para el ser humano, nada”, concluye.

Formica sostuvo que la privatización convirtió a la energía eléctrica en una mercancía. Aseguró que desde que comenzaron las privatizaciones de la década de 1990 el precio de la luz aumentó más de 400% por encima de la inflación. “Esa riqueza fue transferida casi que gratuitamente para una trasnacional francesa que se apropia de toda la riqueza generada por la represa y transfiere absolutamente todo para su casa matriz en Francia”, afirmó, detallando que ENGIE tranfiere más de un billón y medio de reales por año como lucro de dividendo para su casa matriz.

La oposición a la privatización de los bienes naturales y de las empresas estatales fue uno de los ejes del 8º Encuentro Nacional de MAB. Formica señaló que el MAB está propiciando ese debate “para que esa riqueza sea distribuida para el desarrollo de la región, para apoyar la producción de alimentos saludables, para mejorar la infraestructura de servicios públicos de educación, de salud, de carreteras, de acceso a energía eléctrica, que muchas comunidades no tienen. El desarrollo, para nosotros, tiene sentido si llega para el pueblo; si es un instrumento de acumulación para las grandes empresas, entonces no sirve”. Agregó que “la lucha por la soberanía significa colocar al servicio del pueblo aquello que es del pueblo” y que por eso “una represa no puede ser de una empresa privada que pretende acumular capital para construir otra empresa, para acumular más capital, para construir otra hidroeléctrica, y violar los derechos de los afectados, impactar y destruir el medio ambiente, apropiarse de un río o de toda una cuenca hidrográfica”. Formica mencionó, además, que la lucha no sólo de y para los afectados, sino que se reclama que esa riqueza sea distribuida en toda la sociedad.

“La lucha es ardua, no es fácil... nosotros ya perdimos”, declara Helena, que muestra mayor preocupación por lo que está por venir en un Brasil que, con el gobierno golpista de Michel Temer, atraviesa una nueva ola privatizadora. “Más me preocupan esas otras usinas que están siendo proyectadas” con la misma intención “de dejar al pueblo que es dueño de la tierra sin tierra, sin un medio de vida”. “Ellos no están pensando en llegar e indemnizar a las personas, de decir ’van a vivir en otro lado con su familia y van producir en otro lado’, ellos están pensando en el lucro de ellos”, acusa. “¿Compensa hacer una usina de ese tamaño cuando el que perdió la tierra no tiene luz en casa?”, se pregunta. La inquietud parece estar más que respondida.