Sindicatos, organizaciones indígenas y ambientalistas salieron a la calle para pedir que el Poder Ejecutivo respete las medidas cautelares ordenadas y ordene inmediatamente la paralización de los trabajos.

La construcción estaba siendo llevada adelante por la compañía AES Changuinola, perteneciente a capitales estadounidenses, y la denuncia contra la CIDH fue presentada por comunidades afectadas, sobre todo indígenas Ngäbe-Buglé.

El informe que el relator especial de la ONU le presentó a las autoridades panameñas hace hincapié en la falta de seguridad que tienen las comunidades en materia de tenencia de tierras, y los riesgos de inundaciones que provocaría la edificación proyectada sobre el río Changuinola, una zona clave de la reserva de la biósfera conocida como “La Amistad Panamá”.

Se estima que al momento de la puesta en funcionamiento de Chan 75 quedarían debajo del agua unas 2500 hectáreas de tierra, incluyendo a la totalidad de la comunidad indígena Charco la Pava, ubicada apenas a 300 metros del lugar elegido para la represa.

En los últimos meses, y ante el aumento de la incertidumbre por el avance de las obras, se registraron masivas protestas callejeras de organizaciones indígenas y ambientalistas, aunque nada ha tenido tanto efecto como la posición crítica que adoptó la CIDH.

Según informaron los medios locales, la cancillería se comprometió a realizar un “estudio pormenorizado” del documento de la comisión antes de terminar de tomar una posición sobre el tema.

Sin embargo la posición oficial difícilmente se conozca antes del 1º de julio, ya que ese día asumirá la presidencia Ricardo Martinelli, en reemplazo del actual mandatario Martín Torrijos.

Para conocer más detalles de esta situación, Radio Mundo Real conversó con Larissa Duarte, directora de la Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD).