Los intentos por salvar a los peces fueron realizados "de manera tosca", y por funcionarios que no estaban preparados para esa tarea, aseguran desde el MAB.

Además de denunciar la omisión de las autoridades competentes, los opositores a las megarepresas responsabilizan por el desastre a los privados que participan en el emprendimiento, puntualmente al consorcio MESA, conformado por Furnas Centrales Eléctricas y la cuestionada constructora Odebrecht.

"Faltó supervisión y faltó responsabilidad", sentencia el MAB en un documento publicado en su sitio de Internet.

Y el episodio terminará en la justicia. "Los responsables del crimen ambiental serán investigados por el Ministerio Público Federal", señalaron desde el MAB.

Los grupos que se oponen al proyecto hidroeléctrico binacional aseguran que éste ha sido presentado como una "salvación económica y social" para el pueblo del Estado de Rondônia, y como la mejor solución energética para el país, pero "la verdad es otra".

Es que los abusos en materia ambiental no son ninguna novedad. En diciembre pasado, en esta ocasión a raíz de las obras de la usina Jirau, las autoridades ambientales multaron a los responsables del proyecto por la mortandad de unas once toneladas de peces.

Y hay otras perlas en este collar. Algunos días atrás, según reseña la prensa brasileña, el desmonte de un área de 18 hectáreas a los márgenes del Madeira provocó una nueva multa, que esta vez recayó sobre el consórcio Energia Sustentable de Brasil (Enersus). Allí tenía previsto montar un cantero industrial –algo así como un centro de acopio de los materiales para la obra-, pero no contaba con los permisos correspondientes.