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18 de agosto de 2009 | Noticias | Derechos humanos
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Cuando el primero de julio asumió el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, los indígenas Naso de la provincia de Bocas del Toro decidieron darle una señal de buena voluntad.
En aquel momento resolvieron levantar un campamento que mantuvieron durante tres meses en la céntrica Plaza Catedral, en protesta por el despojo de tierras del que vienen siendo víctimas por parte de la empresa Ganadera Bocas.
Sin embargo, la esperanza de que Martinelli tenía capacidad para cambiar el rumbo del conflicto duró muy poco.
La semana pasada los indígenas divulgaron un comunicado abierto en el que afirman que el acuerdo con el Poder Ejecutivo para trasladar la protesta pacífica hasta una oficina de la Cruz Roja resultó ser una farsa.
“De esta forma el Gobierno actual transformó el ’campamento de protesta’ en un grupo de Nasos ’damnificados’, lo que trajo como consecuencia la neutralización de nuestras acciones de protesta”, evalúan los nativos.
Según afirman, Martinelli incumplió los compromisos asumidos y, por otra parte, encontró un lugar poco propicio para alojar a los indígenas.
“Es un área sumamente peligrosa donde hay balaceras día y noche y tememos por nuestra seguridad. También estamos enfrentando serios problemas de salud, porque en ese lugar hay mosquitos trasmisores del dengue y muchos de nuestros compañeros han contraído esta enfermedad”, denunciaron en el comunicado.
El 10 de agosto pasado los indígenas fueron expulsados del local de la Cruz Roja y se les pidió que regresen a su comunidad en Bocas del Toro, de donde también fueron desalojados. En las últimas horas decidieron retomar un cronograma de protestas pacíficas.
Además del conflicto con la empresa ganadera, los indígenas Naso y Ngobe advierten que los ríos Teribe y Changuinola, ambos clave para su subsistencia, son amenazados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, promovido por la empresa colombiana Pública de Medellín (EMP) y la compañía estadounidense AES.
Martinelli sigue sin tomar posición sobre una recomendación de suspensión de Chan 75 efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que no fue tenida en cuenta por su antecesor, Martín Torrijos.
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