Las familias -entre 500 y 700, según los distintos informes de la prensa argentina- se encontraban en un predio del Ingenio Ledesma, una empresa azucarera propiedad de la familia Blaquier, que posee unas 130 mil hectáreas en la provincia. Las familias se habían instalado en un predio de 15 hectáreas, conocido como El Triángulo.

Según relata el diario argentino Página 12, efectivos policiales utilizaron disparos y gases lacrimógenos para echar a las familias, incendiaron sus pertenencias y destruyeron las casillas que habían comenzado a ubicar en el predio tomado.

En la represión, murieron los ocupantes Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velásquez, y el policía Alejandro Farfán. Además, decenas de personas fueron heridas y otras decenas resultaron detenidas.

Desde hace cuatro años, la organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) mantenía conversaciones con la empresa, con el fin de buscar una solución habitacional para las familias. Debido a que Ledesma seguía sin ofrecer respuestas, fue que se decidió realizar la toma de tierras.

En entrevista con la Agencia Púlsar, Óscar Delgado, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (CAPOMA), señaló que la ocupación se había producido porque “no existía otra alternativa” y que la represión había sido “totalmente desmedida”.

“Llegaron de noche directamente con la infantería a reprimir, con la caballería, y el grupo operativo GEO, que es un grupo anti terrorista que tiene cada provincia, como si fueran criminales estas familias”, afirmó Delgado en el diálogo con Púlsar, y señaló además que la seguridad privada de Ledesma había actuado en conjunto con la policía, guiando sus acciones.

Tras el operativo, renunció el jefe de la policía provincial, Jorge Ayarde, y también el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, de quien dependía la policía. No obstante ello, el gobierno provincial continúa sosteniendo que los ocupantes utilizaron armas de fuego contra la policía, declaración que desmienten los ocupantes.

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se emitió un comunicado en solidaridad “con el pueblo jujeño, los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos por la policía jujeña y los guardias paramilitares de la empresa Ledesma”, y de repudio a “la represión y violencia ejercida desde el Estado en coordinación con los empresarios contra un pueblo reclamando sus derechos básicos elementales”.

En la capital argentina, Buenos Aires, se multiplican a su vez las movilizaciones para repudiar la violencia que se desató en Jujuy. Una de ellas fue encabezada por la central sindical CTA, que marchó hacia la sede el Ingenio Ledesma para protestar por lo ocurrido.

No es la primera vez que se asocia a Ledesma con el atropello de los derechos humanos. El 27 de julio de 1976, en lo que fue conocido como "la noche del apagón", se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento jujeño de Ledesma, mientras policías y capataces de la empresa saquearon viviendas y secuestraron a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales, que fueron trasladados hacia los galpones de mantenimiento del ingenio, donde fueron torturados. Algunos de ellos aún hoy permanecen desaparecidos.

Imagen: http://www.contraledesma.org.ar/