Una de las pancartas, portada por mujeres indígenas, iba dirigida al presidente y general Otto Pérez Molina, que el 1º de mayo estableció el Estado de Sitio en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas: “¿Qué paz es esa, general? Sus kaibiles (soldados de élite del Ejército de Guatemala) me siguen violando, destruyendo mi casa y ocupando mi territorio”.

Esas imágenes se veían este martes 15 de mayo en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México, en una movilización convocada por el Comité de Unidad Campesina y el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, dos semanas después de que se estableció la polémica resolución.

En resumidas cuentas, los cientos de indígenas y campesinos que participaron en la marcha le pidieron al Poder Ejecutivo que levante la suspensión de los derechos constitucionales de los habitantes de Santa Cruz Barillas.

Desde el 1º de mayo hasta ahora, la violencia y el miedo se adueñaron de este población guatemalteca, que pacíficamente –para ser más precisos, a través de consultas populares- se venía manifestando contra la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico y en
defensa del territorio.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han enviado delegados a Barillas concluyeron que los hechos de violencia de estos últimos días se podrían haber evitado si el Estado tomaba en cuenta el pronunciamiento de los comuneros de 2007, cuando se rechazó la construcción de la represa.

Esta semana, pocas horas antes de la movilización, organizaciones guatemaltecas realizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron, entre otras cosas, que algunos pobladores de Santa Cruz Barillas están detenidos desde el 15 de abril, por el simple hecho de participar en movilizaciones pacíficas.