En diciembre de 2007 la CIDH había presentado una demanda contra Brasil por este caso, argumentando que el Estado brasileño había incumplido con su obligación de “investigar y sancionar el homicidio del señor Sétimo Garibaldi, ocurrido el 27 de noviembre de 1998; fecha en que un grupo de […] pistoleros llevó a cabo una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin tierra, que ocupaban una hacienda localizada en el Municipio de Querencia [do] Norte, Estado de Paraná”, según indica un escrito de la Corte.

En ese mismo documento se agrega que “los hechos se denunciaron a la policía y se instauró una investigación policial que fue archivada sin que se removieran los obstáculos y mecanismos que mantienen la impunidad en el caso, ni se otorgaran las garantías judiciales suficientes para diligenciar el proceso ni para otorgar una reparación adecuada a los familiares del señor Sétimo Garibaldi […]”.

La denuncia inicial presentada ante la Corte –que permitió que se abriera la primera causa judicial de estas características en relación al asesinato de un trabajador rural- fue impulsada por el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST), Justicia Global, Tierra de Derechos, la Comisión Pastoral de la Tierra y la Red Nacional de Abogados Populares.

Ahora la CIDH tendrá un plazo de seis meses para pronunciarse sobre este hecho, que representa uno de los cerca de 2000 asesinatos de trabajadores rurales que las organizaciones sociales brasileñas vienen denunciando desde 1987.