Los estudiantes apuntan a cambiar las bases desiguales del sistema, que permite la educación para aquellos que puedan costearla, lo que es un legado directo de la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello, reclaman que el Estado garantice la calidad de la enseñanza y que ésta sea igual para todos.

Los estudiantes rechazan las propuestas del gobierno de Piñera, ya que consideran que no buscan soluciones de fondo; estas propuestas consisten, entre otras, en incrementar los fondos para la educación en cuatro mil millones de dólares, mejorar el ingreso a becas y reducir las tasas de intereses de los créditos estudiantiles administrados por la banca.

Las protestas alcanzaron un punto de inflexión el jueves, cuando estudiantes y docentes organizaron una movilización –que no contó con la autorización del gobierno- que desató una dura represión de los cuerpos policiales militarizados, lo que dejó un saldo de 874 detenidos –muchos de ellos menores de edad- en las protestas ocurridas en el centro de Santiago y en otras ciudades de Chile.

Organismos internacionales de derechos humanos consideraron excesivo el uso de la policía montada, carros lanza agua y bombas lacrimógenas para dispersar la movilización. Uno de ellos fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le comunicó al gobierno de Piñera su “preocupación” por el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los estudiantes durante las protestas.

Pero lejos de sentirse amedrentados por el uso de la fuerza, los manifestantes organizaron una nueva movilización, que se realizó el pasado domingo en Santiago, y que reunió alrededor de 20 000 personas. La marcha fue convocada por La Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios, la Agrupación de Padres y Apoderados y el Colegio de Profesores de Chile.

Luego del éxito de esta nueva movilización, los estudiantes y profesores convocaron una nueva medida de fuerza para el próximo martes: esta vez, se trata de un paro nacional.

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