Por cinco votos contra cuatro, la Corte dictaminó que a las grandes empresas les corresponden los derechos que otorga la Primera Enmienda, y que por tanto no corresponde que se limite su discurso político.

El fallo despertó grandes críticas entre los progresistas estadounidenses, que lo catalogaron como un gran error que debería anularse de inmediato.

Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que el dictamen era una “importante victoria para los grandes intereses petroleros, los bancos de Wall Street, empresas de seguros médicos y otros poderosos intereses que ejercen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses comunes y corrientes”.

Así lo informó el medio estadounidense Democracy now!, que también reprodujo parte de la audición radial semanal de Obama, que tuvo lugar el pasado sábado. En su audición, el presidente de Estados Unidos se dedicó a atacar la decisión del máximo tribunal del país.

"Este fallo abre las compuertas para que una cantidad ilimitada de dinero con interés especial inunde nuestra democracia”, dijo Obama, y agregó: “Concede a los lobbistas con intereses especiales una nueva posibilidad de ejercer influencia para gastar millones en publicidad destinada a persuadir a funcionarios electos de que voten lo que ellos quieren, o a castigar a quienes no lo hacen. Esto significa que cualquier funcionario público que tenga el coraje de hacer frente a los intereses especiales y defender al pueblo estadounidense puede verse atacado o atacada al llegar el momento de las elecciones. Incluso grandes empresas extranjeras pueden influir en las elecciones. No se me ocurre nada más devastador para el interés público. Lo último que necesitamos es entregar más influencia a los lobbistas en Washington, o más poder a los intereses especiales para inclinar los resultados de las elecciones".

Muy diferente fue la reacción desde el Partido Republicano, histórico contendiente del Demócrata, al que pertenece el mandatario. Desde sus círculos más altos, se elogió la decisión de la Corte, a la que se calificó como un avance en la defensa de la libertad de expresión de las corporaciones.

Sin embargo, Obama dijo que su gobierno está planificando una respuesta al fallo, en la que están trabajando tanto legisladores oficialistas como de la oposición.