8 de junio de 2011 | Noticias | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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Las organizaciones sociales de Brasil vinculadas a la lucha por la tierra han reiterado que el Estado norteño de Pará es gobernado, en los hechos, por los grandes latifundistas y por los grupos paramilitares que ellos contratan. Esa percepción de un Estado de “tierra de nadie” tiene también diversos sustentos estadísticos.
Uno de los ejemplos más gráficos se conoció esta semana. La Procuraduría Agraria Nacional y la Procuraduría de Derechos Humanos, dependientes de la Presidencia de la República, divulgaron un informe en el que se concluye que el 98% de los casos de asesinatos registrados en Pará en los últimos diez años –y vinculados a los conflictos en el campo- siguen impunes.
El documento oficial, que divulgó el diario Folha de Sao Paulo, cubrió un universo de 180 episodios violentos que derivaron en 219 crímenes entre los años 2001 y 2010. Apenas en cuatro casos (2,2%) se pudieron comprobar investigaciones policiales, denuncias, procesos judiciales y finalmente condenas.
Según el informe, la mayoría de los asesinatos en el campo paraense (61%) ni siquiera llega a ser abordada en instancia judicial alguna, y un número importante de los asesinatos, 162, está relacionado con conflictos por la tierra, recursos naturales o madera.
La investigación federal también presenta conclusiones de los Estados de Mato Grosso y Rondônia: en el primer caso solamente hay condenas para el 10% de los asesinatos y en el segundo caso la cifra se ubica en 13%.
“Pará es el lugar de mayor actuación de los grupos de exterminio en el Brasil de hoy. Hay una impunidad muy fuerte, y eso es incompatible con la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos”, declaró recientemente la ministra Maria do Rosário, ministra de Derechos Humanos.
Los dichos de la jerarca de gobierno aparecen citados en un artículo de Frei Betto publicado en el Correio Braziliense la semana pasada. Además, el teólogo brasileño pone sobre la mesa datos de la Comisión Pastoral de la Tierra referidos a los conflictos agrarios: según esa organización entre 1985 y 2010 fueron asesinados en Brasil 1580 dirigentes campesinos, y apenas en 94 casos los autores de esos crímenes fueron juzgados y condenados.
“Actualmente, la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no le pone punto final a la nefasta estrategia amazónica de matar para desforestar”, advierte Frei Betto, que le reclama a la presidenta Dilma Rousseuf que vete el Código Forestal que ya tiene media sanción parlamentaria.
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