La organización Oceana, que ha sido clave en todas estas denuncias, constató el año pasado que algunas embarcaciones tenían estas redes, con longitudes que superan los límites autorizados (en esa ocasión encontraron redes de hasta diez kilómetros de largo).

En el comunicado que divulgó Oceana se saludó el fallo de la justicia comunitaria y se recuerda que un proceso judicial similar a éste se está llevando a cabo contra Italia.

“Esta sentencia constituye una victoria contra el uso de este arte de pesca ilegal, prohibido en la Unión Europea desde 2002 por las elevadas capturas accidentales de especies amenazadas”, puede leerse en el documento.

Se estima que en aguas europeas unos 150 barcos pesqueros siguen violando la normativa vigente con el uso de redes de deriva, a pesar de que muchos recibieron subsidios públicos para invertir en la reconversión.

Pero ahora el dictamen del Tribunal de Justicia contra Francia modifica el escenario y es de esperar que los cambios en los sistemas de pesca terminen de concretarse, aunque más no sea para evitar multas y sanciones.

De todas formas, el fallo de la justicia comunitaria de esta semana no establece tiempos precisos para corregir la situación –apenas si habla de “plazos razonables”-, y no prevé por ahora sanciones económicas.

Luego de una larga historia de investigaciones y denuncias, el capítulo europeo de la institución de conservación marina Oceana expresó su gratitud con el fallo del tribunal de la Unión Europea, y consideró que el caso francés “se puede dar finalmente por concluido”.