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11 de mayo de 2012 | Entrevistas | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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El relato de Pascual Antonio sobre los hechos que se han registrado en Santa Cruz Barillas, en Guatemala, parece salido de una película, en la que una horda de bárbaros ataca una tranquila aldea en la Edad Media.
Pero la diferencia es que está sucediendo en mayo de 2012 en esa región del departamento de Huehuetenango, y con otros actores involucrados: policías y militares que actúan bajo la responsabilidad del general y presidente Otto Pérez Molina, y comunidades campesinas que se oponen a la construcción de una represa hidroeléctrica.
“Se ha llenado de puros soldados y policías en Santa Cruz Barillas. En los cantones más afectados ya se fueron a las montañas para defenderse, muchos se fueron a México. Una señora se fue a la montaña huyendo y terminó dando a luz allí”, testimonió Pascual Antonio, entrevistado por Radio Mundo Real.
Desde que el 1º de mayo se decretó el Estado de Sitio, los militares “entran a las casas, abusan de las mujeres y roban las pocas cosas que tenemos”, según dijo. “Se llevan la ropa, la tiran por el campo, abofetean a los niños, rompen documentos. A una viuda le robaron los pocos ahorros que tenía, y conozco un niño que ha sido capturado ocho veces en estos días”, contó.
Estas denuncias se conocieron en la mañana de este jueves 10 de mayo en una conferencia de prensa convocada por el Comité de Unidad Campesina, la coordinadora maya Waqib Kej y la organización Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala.
El padre de Pascual Antonio es uno de los comuneros que impulsó las consultas comunitarias y las movilizaciones pacíficas contra la represa. El 15 de abril fue detenido por la policía y hasta el momento no le han tomado declaraciones. Su familia se enteró en las últimas horas que estaba preso en la capital del país y que las autoridades lo acusan por varios delitos graves, entre ellos robo y narcotráfico.
Pascual está convencido de la inocencia de su padre y denuncia que es una forma de criminalizar la protesta. “En Guatemala es permanente el abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos”, dijo.
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