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16 de junio | | | |

Ilegales en su propio territorio

Deplazamientos violentos en Guatemala: desalojan a comunidades en áreas protegidas en las que permiten la explotación petrolera

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La comunidad Laguna Larga, que habitaba el departamento guatemalteco El Petén, debió huir el 2 de junio, tras ser desalojada por policías y militares, que no sólo provocaron su huida, sino que destruyeron sus casas y se apropiaron de sus animales. El Estado los expulsó, violando una vez más sus derechos, informó a Radio Mundo Real Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas.

Unas 600, 700 personas de la comunidad Laguna Larga atravesaron siete kilómetros de la selva guatemalteca para refugiarse en el municipio La Candelaria, en el estado mexicano de Campeche. Allí están viviendo en la intemperie, en condiciones precarias, y con una enorme inestabilidad, puesto que temen ser deportados por el gobierno mexicano (ver nota Áreas protegidas como excusa).

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) trabaja desde 2009 con las comunidades del municipio de San Andrés, donde se ubican las áreas protegidas de la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón. Allí viven más de 30 comunidades. Cadena explicó que la Ley de Áreas Protegidas, aprobada en la década de 1990, establece que en las áreas protegidas no pueden vivir personas, pero las comunidades estaban afincadas desde antes de que se aprobara la ley; varias de ellas se habían instalado en la década de 1970, cuando el gobierno guatemalteco se propuso poblar el departamento de Petén. El gobierno las expulsa, pero no les da otras tierras en donde puedan vivir.

En 2011 había sido desalojada la comunidad La Nueva Esperanza, que terminó desapareciendo como tal. El gobierno había planeado desalojar el 14 de junio a otra comunidad, La Mestiza, pero luego de una intervención de la CIJ en el Congreso de la República, postergó el desalojo para el 21 de junio.

Al tiempo que no les permite a las comunidades habitar el área, el gobierno permite la operación de la compañía petrolera PERENCO -de capitales ingleses y franceses-, ha habilitado proyectos de terratenientes y megaproyectos turísticos. La CIJ interpuso una acción de inconstitucionalidad para que no le prorrogaran el contrato a PERENCO, pero la Justicia no hizo lugar a la solicitud, pese a los daños ambientales que ha causado. La CIJ reclama por el trato desigual que tienen unos y otros, porque las comunidades viven en condiciones deplorables y deben enfrentar “la exclusión sistemática por parte de las instituciones del Estado, así como violaciones graves a los derechos humanos”, expresó la CIJ en su comunicado de prensa del 5 de junio. Otra contradicción: el área está fuertemente militarizada –que acosan a las poblaciones- pero el narcotráfico opera sin obstáculos. Es más, Cadena mencionó que se ha dicho que Estados Unidos quiere instalar allí una base militar, para impedir el pasaje de centroamericanos a México.

Cadena acusó al gobierno de violar el diálogo, puesto que las comunidades estaban trabajando con las autoridades en torno a la “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón”.

La CIJ pidió cinco acciones concretas al Congreso de la República. Pidió que suspenda los desalojos. Esgrimiendo razones humanitarias, solicitó que se le permita a la comunidad Laguna Larga regresar a su lugar y que se la indemnice por la destrucción de sus casas –que fueron quemadas por los militares- y la quita de sus animales. Pidió que se retome la mesa de diálogo para discutir la Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible. Por último, pidió conformar una comisión de investigación para que se investiguen los hechos y se establezca la verdad de lo sucedido, para después pensar en pedir justicia, detalló.

Modelo de desarrollo
Cadena vinculó a la Ley de Áreas Protegidas con otras cuatro leyes aprobadas luego de la firma de la paz: la Ley de Minería, la Ley General de Electricidad y la Ley de la Promoción de la Alianza Público Privada. Dijo que todas ellas “son soporte del neoliberalismo y de las privatizaciones que se están llevando a cabo” y que “prácticamente el Estado de Guatemala se ha vuelto protector de las empresas trasnacionales” que implementan proyectos extractivos que tienen en vilo a comunidades de otros sitios del país.

En ese sentido, mencionó la oposición de la comunidad del departamento de Huehuetenango, en el este del país, a la construcción de una represa hidroeléctrica; también destacó el rechazo a la privatización del sistema eléctrico que llevó a cabo el ex presidente Álvaro Arzú a fines de la década de 1990 y la oposición a proyectos de minería a cielo abierto. Cadena concluyó que “el gran reto es cómo lograr que se unan todos los movimientos y constituyan un solo frente que pueda influir en las políticas del Estado”.

Imagen: http://redtdt.org.mx

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