Así cerró el domingo un comunicado de prensa la organización REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (REDES - AT), luego que se conociera el viernes el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial) a favor de Uruguay en el juicio internacional que le había iniciado la tabacalera estadounidense Philip Morris Internacional (PMI) en 2010. REDES – AT siguió el caso desde su inicio con la coalición de organizaciones de la sociedad civil suiza Alliance Sud.

A comienzos de su primer mandato en 2005 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez adoptó algunas medidas antitabaco, entre las que se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros.

Philip Morris inició la demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI bajo el argumento de que las políticas del gobierno lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según el punto de vista de la empresa, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación.

La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. PMI primero amenazó con reclamar una indemnización de 2.500 millones de dólares, que a la postre, tras el rechazo generalizado de la opinión pública mundial a su demanda, rebajó a 25 millones de dólares para evitar poner en mayor riesgo su reputación.

Radio Mundo Real entrevistó este lunes al activista Alberto Villarreal, integrante del equipo de Justicia Económica de REDES – AT, que siguió el caso de PMI versus el Estado uruguayo durante los seis años que duró.