Durante años, los Tigres Tamiles habían intentado crear un Estado independiente en Sri Lanka para la minoría tamil que habita en el país, y en los últimos meses, los embates del gobierno habían incrementado en asiduidad y en violencia, arrinconando a los rebeldes, pero también causando graves daños a la población civil.

Mientras el gobierno declaraba haber acabado con el “terrorismo” que ejercían los Tigres Tamiles, se sucedían manifestaciones en todo el mundo, en las que se reclamaba que se investigara el accionar de las fuerzas gubernamentales en el conflicto, y se permitiera el acceso de organismos de ayuda al país para auxiliar a los civiles.

Se estima que alrededor de 300 000 civiles fueron desplazados durante los enfrentamientos, y actualmente se encuentran hacinados en campamentos gubernamentales. Hace una semana, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estuvo en uno de estos campamentos, y catalogó a su visita como "muy aleccionadora, muy triste, muy conmovedora".

Durante su recorrido, los civiles le contaron las terribles carencias que atravesaban; no tenían arroz, azúcar o aceite, apenas tenían agua, y se encontraban prácticamente presos en el campamento, por las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades.

A las precarias condiciones en las que se encuentran los refugiados se suman las denuncias que se efectuaron contra el Ejército, al que se acusa de haber empleado artillería pesada en áreas civiles durante el conflicto.

Grupos de derechos humanos están demandando una investigación independiente al respecto, algo que también ha reclamado el coordinador de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, John Holmes.

Estimaciones efectuadas recientemente por el periódico británico The Times indican que la cifra de víctimas civiles que se registró durante el incremento de la ofensiva del gobierno es mucho más alta que la que se dio a conocer oficialmente. Según el periódico, más de 7000 civiles murieron, y 13 000 resultaron heridos durante los enfrentamientos de este año.

Pero ayer, el gobierno de Sri Lanka desestimó las denuncias, diciendo que eran parte de una estrategia para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Basado en este argumento, el canciller del país, Rohita Bogollagama, afirmó que no se permitirían investigaciones independientes que buscaran indagar si habían existido abusos a los derechos humanos de la población civil.